Mediador concursal. Quien es y que hace

Mediador Concursal. Quien es y que hace

Dentro del proceso de la Ley de la Segunda Oportunidad, emerge la figura del Mediador Concursal como la más importante  dentro del proceso tutelado por un juez; al solicitante se le asignará aleatoriamente la ayuda de un mediador concursal, que hará de interlocutor entre el emprendedor/deudor y sus acreedores. Si finaliza el proceso de negociación (de unos dos meses aproximadamente) y no se ha alcanzado un acuerdo, el deudor y el mediador concursal podrán solicitar ante el juez el concurso de acreedores consecutivo.

Su principal función por un lado, es la de comprobar la documentación e información aportada junto con el formulario de solicitud, en especial los datos de los créditos, y requerir la documentación que precise para completarla o corregirla, y una vez realizada la lista de acreedores, convocará al deudor y a sus acreedores a la reunión dentro del plazo de los 30 días, si el deudor es persona física no empresaria, o dentro de los dos meses siguientes a su aceptación, en caso contrario.

Remitirá a los acreedores la propuesta de acuerdo, dicha propuesta puede contener (y así es en la mayoría de los casos) esperas de hasta diez años, y quitas sin límites, así como la cesión de bienes o derechos.

También realizara propuesta el plan de pagos y su viabilidad y si es el caso un plan de continuación de la actividad profesional o empresarial, así como fijará una cantidad vital en concepto de alimentos para el deudor y su familia.

Además en caso de impagos de créditos de derecho público (Hacienda y Seguridad Social), incluirá copia del acuerdo o solicitud de aplazamiento de los mismos, o indicación de sus fechas previstas de pago.  

La propuesta del Mediador Concursal

puede ser aprobada o no por la mayoría (cualificada) de los acreedores, elevándola escritura pública para cerrar el expediente, por el contrario, si no se acepta la propuesta y el deudor sigue siendo insolvente, solicitará inmediatamente el concurso ante el Juzgado.

En caso de que se declare el concurso consecutivo el mediador concursal se convertirá en administrador concursal y ejercerá las funciones inherentes a dicho cargo, ampliando sus funciones, que para entendernos pasarían a ser ejecutivas y necesaria su aprobación para cualquier movimiento económico desde ese momento.

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Qué es exactamente el requisito de la «buena fe» dentro de la Ley de la Segunda Oportunidad ?

Entendemos la “buena fe” (del latín, bona fides) como uno de los principios generales del mundo del derecho, consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta.

Esta última acepción es la que nos ocupa, al exigir una conducta recta u honesta en relación al procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad, y que ha de ser exigida tanto al inicio como al final del proceso.

Es uno de los puntos más importantes (y polémicos) de todo el proceso. Para que el emprendedor/solicitante sea considerado un deudor de buena fe,

deberá cumplir varios requisitos. Entre ellos:

• Que, antes de acudir al concurso, haya intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. De ahí que todo proceso se inicie de forma extrajudicial.
• Que no haya sido declarado culpable en el concurso de acreedores. Es decir, que el juez no considere que su insolvencia ha sido provocada adrede por el propio emprendedor (lo que en los concursos de acreedores tradicionales de las empresas se califica de “una administración desleal”.
• Que además como mínimo en los cinco años anteriores a la petición de concurso de acreedores, el deudor no haya sido beneficiado otra vez por la Ley de Segunda Oportunidad y que tampoco haya sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores.
• Que, en los cuatro años anteriores a la petición del concurso, el emprendedor no haya rechazado una oferta de empleo «adecuada a su capacidad». Este es un punto cuanto menos ambiguo y polémico, ya que la ley no detalla qué requisitos debe tener dicha oferta para considerarla «adecuada a la capacidad» del deudor y sin duda puede ofrecer varias interpretaciones.

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Exoneran a una empresaria de las deudas por la Ley de la Segunda Oportunidad

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Valladolid ha exonerado a una mujer empresaria de la provincia del total de sus deudas, calculadas en más de 82.000 euros (febrero 2019), en virtud de la Ley de Segunda Oportunidad.

La empresaria, dueña de un negocio en una población cercana a la capital vallisoletana, se vio abocada durante los años de crisis a una «situación financiera límite derivada a la continua reducción de ingresos de su empresa y el mantenimiento de los gastos de estructura», por  estos motivos tuvo que endeudarse con diversos préstamos año tras año para seguir manteniendo su negocio, su casa y su modo de vida.

En el año 2016, ante la imposibilidad de pagar los créditos solicitados, decidió informarse en un despacho de abogados especializado en @deudasfuera y se acogió al proceso de la Ley de Segunda Oportunidad, y tras dos años de  negociaciones con los acreedores y la apertura del procedimiento judicial consecutivo, ha conseguido que el Juzgado emita el AUTO por el cual se le exonera de todas sus deudas. Esta empresaria, además, ha podido mantener su negocio, por lo que reconoce estar muy feliz e iniciar con ilusión esta verdadera segunda oportunidad.

Esta es una muestra más de que la Ley de 2ª Oportunidad es un mecanismo eficaz para aquellas personas físicas y empresarios con una situación económica y financiera que les impide afrontar sus deudas, y cada vez son más las sentencias de los Juzgados que, aplicándola, exoneran a personas físicas y empresarios de sus deudas.

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Coste Procedimiento Ley Segunda Oportunidad

El coste procedimiento Ley Segunda Oportunidad .Para poder confeccionar un presupuesto a su medida hay que tener en cuenta básicamente el tiempo empleado en el asunto, además de tener también en cuenta como gastos externos y que no asume el despacho de abogados, los siguientes:

Coste del Notario

 En la fase prejudicial hay que dejar constancia y dar fe a través del notario o del Registrador Mercantil, si es que es usted un empresario. El coste aproximado de la gestión será de entre 250 y 500 euros.

Coste del Mediador concursal. 

El mediador concursal será el encargado de ponerse en contacto con sus acreedores para realizar una mediación con el fin de intentar que accedan o no el Plan de Pagos propuesto. El coste de dicha mediación será de entre 200 y 1000 euros. En el caso de que la mediación no se admita por los acreedores, el coste del concurso sucesivo será el mismo que el anterior, y se tendrá que sumar al coste total.

Procurador de los Tribunales. 

Si hay que entrar en la vía judicial, al comparecer en el concurso de acreedores y solicitar la exoneración del pasivo deberá contar con un procurador. El coste de dicho profesional oscilara entre 200 y los 800 euros.

Para coordinar todo el proceso le proponemos ya desde el primer momento la firma de una hoja de encargo donde se concretará el precio TOTAL, el FRACCIONAMIENTO si es necesario de la forma de pago, siendo el precio “cerrado” con independencia del total del activo y pasivo para tener claras las cosas desde el principio. Para solicitar más información y un presupuesto que se ajuste a sus necesidades le proponemos una VISITA GRATUITA.

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Es posible hacer desaparecer las deudas para siempre ?

Pese a que podamos conseguir una exoneración de tener que liquidar las deudas de quien realiza un procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad, hay que puntualizar que la respuesta a la pregunta del enunciado debe ser la siguiente:

En realidad, no. Ya que cualquier acreedor podrá pedir al juez la revocación de la exoneración de deudas si, en los cinco años posteriores a la admisión de la ‘segunda oportunidad’, el acreedor entiende que su deudor ha obrado de mala fe o ha obtenido ingresos en negro (mediante economía sumergida). Aunque hay operará el principio judicial de la “carga de la prueba” de tan difícil aceptación cuando hablamos de indicios o apariencias.

Cabe recordar que la Ley va dirigida a todos aquellos ciudadanos bien sean particulares, autónomos o empresarios que no pueden hacer frente a las deudas contraídas a nivel personal, y que obligan según el caso a sus acreedores a aceptar una restructuración de su pasivo mediante la figura de la quita y espera, pudiendo en el caso de no conseguir el beneplácito para ello acudir a la vía judicial solicitando la exoneración provisional en un primer momento y luego la definitiva del pasivo insatisfecho.

Primera fase

En una primera fase se intenta realizar el Acuerdo Extrajudicial de Pagos (AEP) y en caso de no admisión de la propuesta por la mayoría de acreedores, se procederá a la Solicitud de Concurso Consecutivo ante los Tribunales, para que sean estos los que decidan.

En principio, la ley otorgaba a los acreedores un plazo de cinco años para descubrir estas ‘trampas’ por parte del deudor; sin embargo, el texto final le concede un plazo ilimitado para hacerlo. Si el acreedor pide la revocación de la exoneración de deudas y el juez la acepta, el emprendedor dejará de estar sometido a esta ley y volverá a contraer sus obligaciones en caso de recuperar una capacidad económica que le permita hacer frente a sus acreedores.

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